SOTIENE ALIRIO URIBE, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS
"ÁLVARO URIBE PODRÍA TERMINAR
ENJUICIADO INTERNACIONALMENTE COMO FUJIMORI Y PINOCHET"
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Ante el monumento
de impunidad que se ha erigido en Colombia con el seudo
proceso de desmovilización de los grupos paramilitares,
no es nada improbable que en el mediano o largo plazo,
el presidente Álvaro Uribe Vélez, decidido
impulsor del mismo, pueda ser procesado internacionalmente.
Así lo sostiene el abogado constitucionalista y
destacado defensor de derechos humanos, Alirio Uribe Muñoz,
uno de los voceros del Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, al que está vinculado hace 16
años.
Al hacer un análisis de las graves
incidencias en que se ha visto envuelto dicho proceso
que deja muchos interrogantes por resolver, este jurista,
catedrático y actual vicepresidente de la Federación
Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) con
sede en París, en diálogo con WWW.QUEQUE.ORG,
señala que lo que se está presenciando ante
el estupor tanto de la opinión nacional como internacional
"es la paramilitarización del Estado colombiano".
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Por ello, agrega Uribe Muñoz, es muy probable
que en algunos años los altos funcionarios del gobierno
de Uribe Vélez que han prohijado todo el conjunto de
dislates jurídicos y políticos que se han cometido
para cohonestar con la impunidad de los paramilitares, sus promotores
y financiadores, terminen siendo judicializados ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Penal Internacional.
LA REINGENIERÍA DEL PARAMILITARISMO
EN COLOMBIA
- ¿El gobierno del presidente Álvaro
Uribe Vélez ha venido señalando que el fenómeno
paramilitar ha dejado de existir en Colombia. ¿Usted
está de acuerdo con esa aseveración?
- No. A través del Colectivo de Abogados
nosotros hemos venido diciendo tanto a nivel nacional como internacional
que lo que se está haciendo con el denominado proceso
de desmovilización paramilitar es una reingeniería,
una reestructuración o reorganización de este
sistema de grupos de autodefensa que, es bueno recordar, fueron
creados mediante un decreto de estado de sitio en el año
de 1965. Estos grupos han tenido vínculos con autoridades
civiles y autoridades militares y lo pudimos ver en el año
2006 con el entonces director del DAS, Jorge Noguera y con la
misma Presidencia de la República prácticamente.
Es decir, el paramilitarismo ha sido como una especie de privatización
de la guerra sucia en Colombia, a través del cual se
tratado de desviar la responsabilidad de las graves violaciones
de derechos humanos que se han cometido desde el Estado contra
los disidentes del statu quo, contra aquellos que se consideraban
como enemigos internos, etc. Así se ha refundido la responsabilidad
de la guerra sucia en Colombia. Estos grupos se salen de control
en algunas zonas del país por todos los intereses privados,
políticos, económicos y mafiosos, incluso de transnacionales
que están detrás de ellos. En fin, de alguna manera
el paramilitarismo ha sido como la voluntad estatal de renunciar
al monopolio de las armas y delegar en civiles armas de guerra,
permitiendo la creación de ejércitos privados
que responden a diferentes lógicas y a diferentes intereses,
inicialmente como una estrategia netamente antisubversiva y
después como una estrategia más de control social.
El proceso que se está llevando a cabo con el gobierno
de Uribe no es un proceso de desmonte de los paramilitares,
ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación, sino
que estamos es frente a un mecanismo de limpieza de este fenómeno.
- Si el Estado creó los grupos paramilitares.
Ahora que se le salieron de control, el mismo Estado quiere
desmontarlos. ¿Esa es la lectura que se puede hacer de
este controvertido proceso?
- Efectivamente, pues hay que recordar que desde
el año 1965 hasta 1989 los grupos paramilitares fueron
legales. Es más, mediante un decreto del año 1994
se trataron de legalizar estos grupos con las llamadas Cooperativas
de Seguridad Privadas, Convivir, que en forma entusiasta impulsó
Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia. Este
intento de legalización fracasó porque la Corte
Constitucional en una demanda que presentamos las declaró
ilegales. Cuando Uribe Vélez llega a la Presidencia se
genera como un clima de confianza entre estos grupos y el gobierno
a raíz de su postura antisubversiva y su discurso antiterrorista
en que sustenta la llamada política de Seguridad Democrática.
Lo que nosotros henos podido constatar es que hoy Colombia está
viviendo un gran proceso de impunidad para favorecer a los miembros
de estos grupos que no se han desmovilizado sino que permanecen
en las zonas de su influencia y por eso la gente se mantiene
bajo terror, con el agravante de que se apoderaron de amplias
regiones del país. Cuando se inició el gobierno
de Álvaro Uribe se hablaba de que había 12 mil
paramilitares, hoy el Alto Comisionado de Paz afirma que se
han desmovilizado más de 30 mil, pero está diciendo
30 mil colectivamente cuando hay 10 mil desmovilizados individualmente.
- ¿Cómo se explica ese aumento
exponencial de 12 mil a 30 mil hombres del paramilitarismo durante
el primer gobierno de Uribe Vélez?
- La explicación está en que durante
este proceso se ha dado un empoderamiento y fortalecimiento
del paramilitarismo y eso incrementó las filas. Pero
además, eso tiene otra explicación y es que mucha
gente se esta comprando un seguro de impunidad. Sabemos que
en las cárceles se están vendiendo los cupos por
diez millones de pesos para meter en listas de desmovilizados
a delincuentes comunes que están pagando prisión
con el fin de que aparezcan como miembros de los diferentes
bloques.
NARCOTRÁFICO DISFRAZADO DE PARAMILITARISMO
- Alfredo Molano hace cuatro años en
una conferencia en la Universidad Nacional hablaba ya de que
potentados narcotraficantes estaban negociando desde entonces
la adquisición de bloques enteros de paramilitares para
beneficiarse de la mal llamada Ley de Justicia y Paz que en
esa época apenas estaba en ciernes. ¿Ustedes en
el Colectivo de Abogados han tenido conocimiento de este fenómeno?
- Sí, claro, y de hecho ha sido así
todo este proceso. Si se recuerda, la mayoría de los
comandantes de casi toda la cúpula paramilitar estaba
con solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos,
sindicados por narcotráfico. El negocio de ellos ha sido
volverse teóricamente delincuentes políticos y
por eso la ley se hizo con la finalidad de que los que no tuvieran
como única sindicación el narcotráfico
pudieran acogerse a los beneficios, y al ser condenados en Colombia
así sea con juicios aparentes y demás, quedar
a salvo de la extradición.
- ¿Pero eso no es un exabrupto jurídico
y político?
- Ah claro, no queda ninguna duda, pero a eso
están jugando y cuando hemos hablado con el embajador
de los Estados Unidos en Colombia sobre ese tema, su posición
es que el gobierno de Washington no quiere que la gente se siga
echando tiros en este país suramericano. Entonces la
reflexión que se hacen los norteamericanos es para qué
queremos en una cárcel a Salvatore Mancuso en Estados
Unidos si este jefe paramilitar tiene la capacidad de desmovilizar
tres mil hombres. Esa es la lógica que manejan ellos,
pero conocemos que en Washington existe una tensión entre
lo que quiere el Departamento de Estado y lo que quieren otros
organismos como la DEA. Unos son proclives a que sean extraditados
y otros que prefieren que se deje las cosas como se vienen haciendo
en Colombia. Es decir, en Estados Unidos tampoco hay una política
homogénea respecto del tema de los paramilitares.
- Con todo lo que ha salido a flote respecto
de las relaciones paramilitares y políticos, ¿usted
considera que se va a terminar contando todo sobre el fenómeno
de las autodefensas que ha sumido a Colombia en una compleja
crisis institucional?
- Bueno, contar todo es contar quiénes
los financiaron, quiénes los patrocinaron, quiénes
han sido los señores de la guerra en este país,
cómo ha funcionado todo el tema del narcotráfico,
cómo han funcionado los enlaces que tenía cada
bloque paramilitar con la Fuerza Pública para no cruzarse
en los operativos. Entonces decir toda esa verdad es muy duro
y decir que en Colombia hay más de siete millones de
hectáreas expropiadas a la fuerza que no van a devolverlas
ni nunca las van a devolver, lo cual ha generado un desplazamiento
de tres millones y medio de personas, es muy difícil.
El proceso no está hecho para que haya verdad.
PARAMILITARES APOSTARON POR LA REELECIÓN
DE URIBE
- ¿Entonces este es un proceso de vergüenza
y mentira?
- Para todo el mundo y para la comunidad internacional.
Según el Comisionado de Paz solo 2200 paramilitares de
los 30 mil desmovilizados se han acogido a la Ley de Justicia
y Paz, entonces los otros 28 mil 800 ya tienen auto inhibitorio,
preclusión de investigación, cesación de
procedimiento e indulto por la Ley 782 de 2002 y el Decreto
128 de enero de 2003, es decir que más del 98% ya están
en la impunidad. Los 2200 que según el gobierno se van
acoger a la Ley de Justicia y Paz recibirán sentencias
a partir de la aceptación de cargos cuyas penas oscilarán
entre cinco y ocho años de condena. Estas personas no
van a ir a cáceles sino que se las recluirá en
una especie de casas fiscales, a unas colonias agrícolas
o a las fincas que ellos tienen. Pero además les van
a rebajar 18 meses por haber estado en sitios de concentración
como Ralito. Si uno resta todo eso quiere decir que no van a
estar en la cárcel. Es un proceso de impunidad absoluta,
total, en el que no va a haber ni justicia, ni verdad y menos
reparación. Además y para obtener en el futuro
más beneficios o para que se consolide esta impunidad,
los paramilitares anunciaron el control del Congreso y por eso
apostaron públicamente a la reelección presidencial
de Álvaro Uribe. En definitiva, lo que estamos presenciando
es la paramilitarización del Estado colombiano.
- El gobierno de Uribe sostiene que lo que
ha habido es un proceso de negociación con los paramilitares.
¿Qué es lo que han negociado sustancialmente?
- No, en este proceso no ha habido ninguna negociación
política, ellos no han tenido que negociar nada, simplemente
lo que se hacho es un proceso de autoperdón, garantizando
que no habrá verdad, ni justicia. Y porqué de
autoperdón, simplemente porque quienes sacaron la mal
llamada Ley de Justicia y Paz y están agenciando el proceso
son muchos de los determinadores del paramilitarismo que han
sido al mismo tiempo los beneficiarios de la guerra sucia.
- ¿Este proceso de vergüenza y
de impunidad con los paramilitares puede ir en un momento determinado
a la Corte Penal Internacional?
- Es obvio que cuando los mecanismos nacionales
o el Estado no quiere investigar y cuando se genera un proceso
de impunidad de las magnitudes como el que se presenta en Colombia,
las organizaciones sociales, los movimientos de derechos humanos,
las víctimas, los familiares de las víctimas,
van a acudir cada vez más al escenario internacional.
De hecho ya en el 2005 nosotros obtuvimos una sentencia en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso de
Mapiripán, en la que se expresa claramente que no se
debe aplicar la Ley de Justicia y Paz a los que intervinieron
en esa masacre y ahí está implicado Mancuso. Vamos
a ver si el Estado colombiano acata o no esa sentencia. En el
Sistema Interamericano se van a seguir produciendo pronunciamientos
en torno a este proceso. En cuanto a la Corte Penal Internacional
tengo conocimiento que ya está estudiando el caso de
Colombia, pero aún no ha abierto la investigación
porque la competencia la tienen el fiscal, los Estados partes
o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ha recibido
muchísima información por diferentes vías.
Hoy existe un contexto internacional que no permite que la impunidad
pase como ocurrió en la década de los 70 con las
dictaruras en los países suramericanos. Esto en relación
con Colombia quiere decir que si el gobierno de Uribe tiene
rabo de paja en este proceso de impunidad con los paramilitares
puede terminar como Fujimori o Pinochet, enjuiciado internacionalmente.
Hay que resaltar que la Corte Penal Internacional no esta hecha
para procesar sicarios, por eso no reconoce inmunidades a presidentes
ni a generales, ni a parlamentarios, porque lo que busca es
procesar a personas que tengan los más altos niveles
de responsabilidad. Y las responsabilidades no son simplemente
por acción sino también por omisión y hay
omisiones que son necesarias para la comisión de los
crímenes que son casi responsabilidades activas. En lo
que atañe al presidente Uribe hay que decir que él
no ha sido cuidadoso con este proceso, como por ejemplo, quiso
tapar por dos años las infracciones al cese de hostilidades
cuando las hubo todo el tiempo, hasta tal punto que el mismo
Comisionado debió reconocer que se habían presentado
500 muertos durante el proceso de desmovilización paramilitar.
- ¿Y según su criterio, Uribe
y funcionarios de su gobierno podrían terminar enjuiciados
internacionalmente?
- Habrá que esperar. Se abren muchos interrogantes
en torno a lo que vaya a pasar con Jorge Noguera, pues su caso
es muy grave porque él fue nombrado en el DAS por Uribe
y ahí estamos viendo todo lo que ha salido al interior
de esta institución que es la policía secreta
y de inteligencia de la Presidencia de la República.
Vimos como salió Noguera y como fue destituido el subdirector
del DAS y entre ellos mismos denunciándose. Es decir,
el proceso es completamente sucio y estamos hablando de un paramilitarismo
que según el Alto Comisionado se acabó y los ex
funcionarios del DAS están diciendo que no, que esta
entidad respondía a una estructura paramilitar, hasta
el punto que el propio presidente Uribe llegó a plantear
la necesidad de desmontar el DAS, entonces la crisis salta y
salta entre ellos mismos. La crisis institucional es muy profunda.
EN COLOMBIA SURGIÓ UNA CLASE POLÍTICA
NEO MAFIOSA
- ¿Usted coincide con analistas como
Alfredo Molano y Ramiro Bejarano, así como con voceros
del Polo Democrático Alternativo y del Partido Liberal
que han señalado que Colombia está incursa en
un estado mafioso?
- Yo lo que creo es que hay unas nuevas clases
políticas neo mafiosas, neo paramilitares que están
desplazando a las clases políticas tradicionales que
no tienen vínculos con narcoparamilitares y si ese poder
económico se va traduciendo en poder político,
Colombia terminará gobernada por lo peor de lo peor.
- ¿En su opinión qué significa
políticamente Álvaro Uribe Vélez para Colombia?
- Creo que es un retroceso en la posibilidad de
construcción democrática en la medida en que lo
que hace Álvaro Uribe es hacernos perder varios años
a los colombianos en la posibilidad de alcanzar la paz en este
país, de hacer una negociación política
real con la insurgencia, en poder tener realmente una política
de derechos humanos. Uribe facilita una intervención
extranjera directa de los Estados Unidos, inscribe su política
en la lucha antiterrorista a los esquemas de Washington, creo
que representa lo más grueso de la derechización
del país: la intolerancia, la exclusión; el gobernar
para los ricos y los sectores poderosos, el darle seguridad
a sectores de poder trasnacional; es populismo, es la crisis
de los partidos tradicionales y representa, en síntesis,
los intereses de esa neo burguesía mafiosa paramilitar.
