EL COMODÍN DE LA POPULARIDAD

EL LEGADO ECONÓMICO DE UN GOBIERNO ILEGÍTIMO

Por HELENA VILLAMIZAR GARCÍA-HERREROS

- Además de las serias secuelas institucionales, el gobierno Uribe ha dejado consecuencias económicas y sociales muy graves, que reflejan la real escala de prioridades distributivas y la ausencia de una estrategia de transformación productiva.

Los elevados índices de popularidad del gobierno de Álvaro Uribe no impedirán que la enorme sombra de ilegitimidad que lo circunda quede impresa en la historia. La denuncia presentada por Rafael García, ex jefe de informática del DAS, sobre un fraude electoral en el 2002 de 300000 votos en la Costa Atlántica gestado por el hoy extraditado "Jorge 40", y sobre lo cual nada volvimos a saber los colombianos, así como la condena por cohecho a Yidis Medina por la venta de su voto para la reelección, plantean muy serios interrogantes sobre los cauces non sanctus que llevaron al poder al actual mandatario. El cambio del "articulito" de la Constitución, con el apoyo de mayorías uribistas en el Congreso que conquistaron su curul gracias a alianzas con el paramilitarismo, permitió a Uribe ampliar su poderío en todos los ámbitos de la vida nacional hasta límites inconcebibles en una democracia.

La torcida reforma constitucional rompió por completo el equilibrio de poderes y le significará al reelegido presidente la potestad de elegir en tan sólo unos meses, nada menos que la totalidad de los miembros de la Corte Constitucional, al igual que en otras instituciones de gran trascendencia en la vida nacional.

¿Cuál blindaje de la economía?

Además de las serias secuelas institucionales, la administración Uribe ha dejado consecuencias económicas y sociales muy graves, que reflejan la real escala de prioridades distributivas y la ausencia de una verdadera estrategia de transformación productiva. Si bien el entorno internacional excepcionalmente favorable indujo altas tasas de crecimiento los dos últimos años, esta expansión no resultó sostenible, como lo revelan los resultados de la industria, las licencias de construcción y el comercio en el transcurso del 2008. Suficiente evidencia que contradice a quienes hasta hace poco sostenían que la economía estaba blindada frente a los avatares externos o que había alcanzado una "senda de crecimiento sostenido".

No obstante la bonanza económica vivida hasta hace unos meses, el empleo no mostró la misma evolución favorable; pese al crecimiento del PIB de 7,5% en 2007, Colombia registró la segunda mayor tasa de desempleo en América Latina y el Caribe (11,6 frente a 8% en la región según la CEPAL). Este resultado no es fortuito; es reflejo de una política en la que el empleo no constituye objetivo prioritario y se le considera simple subsidiario del crecimiento económico; como si la teoría económica y múltiples experiencias no hubiesen demostrado la inexistencia de vínculos automáticos entre los dos fenómenos. Sin duda la aguda revaluación del peso y la indiferencia oficial al respecto han tenido un peso fundamental en la generación de desempleo y en la escogencia de técnicas ahorradoras de mano de obra, cuyas secuelas se seguirán sintiendo a largo plazo. La generación de empleo en cambio sirvió de disculpa para arrebatar a los trabajadores conquistas laborales y rebajar sus ingresos mediante la Reforma Laboral, una muestra más de política regresiva de la administración Uribe.

En contraste con la inacción en materia de empleo este gobierno se ha distinguido por su empeño de exonerar de impuestos y subsidiar a los grandes capitales y en particular al extranjero. Las exenciones y garantías brindadas a estos alcanzan proporciones exorbitantes e impedirán efectuar una reforma tributaria estructural como lo denunció Horacio Ayala, ex director de Impuestos Nacionales. Según Juan Camilo Restrepo dichos beneficios alcanzan 5 billones de pesos y la sola deducción de impuestos por compra de activos 3 billones. Tanta generosidad contrasta con las enormes preocupaciones fiscales aducidas para rebajar las pensiones mediante reforma constitucional aprobada por el Congreso; una burla más a las instituciones, pues el pueblo había negado dichas reformas en el Referendo.

Seguridad Democrática solo para grandes inversionistas

Las garantías de estabilidad jurídica otorgadas a grandes inversionistas, la ampliación de las exoneraciones de zonas francas, los subsidios a los más poderosos, resultan escandalosos en un país en el que mas de dos millones de niños trabaja por pobreza, según la OIT; el 12% de los niños sufren desnutrición el 33,2% de los menores entre 1 y 4 años sufren de anemia, según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia y millones de colombianos carecen de acueducto. Y como si fuera poco, en una nación donde la crisis humanitaria del desplazamiento y su inatención por parte del gobierno le ha hecho merecedor de varios llamados de atención de la Corte Constitucional; pues la "Seguridad Democrática" no alcanza para estos ciudadanos desvalidos. Según ACNUR el desplazamiento aumentó por segundo año consecutivo en el 2007. Tampoco alcanzan los recursos fiscales para estos olvidados del Estado, pero sí para que en 2007 se eliminara el impuesto a las remesas a los inversionistas extranjeros sin importar el sector, sus bonanzas de precios, que sean nuevas inversiones, absolutamente nada distinto a que su propiedad sea extranjera. Naturalmente dichas dádivas tendrán que compensarse con otros impuestos a los colombianos o mayor endeudamiento público, pues el mandato Uribe también deja desequilibrio fiscal y amplio déficit exterior.

Son muchos los legados de este gobierno en mejoras de rentas para los grandes inversionistas en contra de los intereses de los colombianos; entre ellos se destacan las grandes privatizaciones del más valioso patrimonio público, la prórroga de contratos con transnacionales impidiendo que revirtieran a la nación importantes yacimientos petroleros como correspondía legalmente, así como la liquidación del ISS para transferir grandes rentas de la seguridad social a empresas privadas. Las inauditas acciones marcadas por las preferencias distributivas del actual mandatario tuvieron su más clara expresión en la fallida operación Carimagua que intentó despojar a los desplazados de tierras para ser asignadas a ricos empresarios.

Y en materia ambiental su legado de complacientes fumigaciones no impidió que la superficie de cultivos ilícitos se ampliara y sí en cambio deterioró las relaciones con Ecuador.

¿Podrá el regresivo reparto de rentas y tributos del gobierno Uribe y la firma de tratados internacionales profundamente lesivos a los intereses de Colombia garantizar la paz así obtenga grandes triunfos militares?