El escándalo de Carimagua

HACIA LA MAYOR INIQUIDAD

POR HELENA VILLAMIZAR GARCÍA-HERREROS

- El caso Carimagua constituye el último atropello por parte del gobierno Uribe contra los colombianos más débiles y desposeídos. "En mi familia hay tres millones de desplazados, 3.200 secuestrados, 10.000 desaparecidos" rezaba uno de los carteles exhibidos en la marcha del 6 de marzo en solidaridad con las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado y de rechazo a estos actores armados. Esta frase y muchas otras que se repetían en la masiva movilización ciudadana, al igual que en la multitudinaria marcha contra las Farc, revelan el terror y el inmenso dolor vivido en Colombia sobre el cual se hizo memoria.

Pero infortunadamente éstos no sólo son parte del pasado. Ni las Farc, no obstante la muerte de Raúl Reyes, ni el Eln han sido derrotados, ni los grupos paramilitares han desaparecido. Tampoco los factores de miseria y la profunda desigualdad del ingreso, que se encuentran en la base del conflicto interno han sido superados, y cuya solución es imperativa para alcanzar la paz; por el contrario exhiben una gran persistencia a la cual el aporte de la política económica es innegable.

Sin duda el premio Nobel en iniquidad social le corresponde a las políticas con los desplazados. Ninguna otra medida ha tenido un efecto tan directo como el caso Carimagua, en el cual se despojó de tierra a las víctimas de la violencia. Insólito pero cierto. No sólo menos del 1% de los desplazados reconocidos por el propio gobierno ha recibido tierras, que corresponden a menos del 1% de los seis millones de hectáreas que se apropiaron a sangre y fuego los paramilitares y narcotraficantes, sino que el Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias modificó la política de subsidios e impuso requisitos para acceder a la tierra que en la práctica son imposibles de cumplir para un campesino.

La Corte Constitucional en varias ocasiones tuvo que amonestar al Ejecutivo por la situación de abandono de esta gran masa de colombianos víctimas de la violencia. Pero en el caso de Carimagua los hechos revisten mayor gravedad pues la intervención del Procurador se originó no en una omisión, sino en un atropello contra los derechos fundamentales de esta población en grave estado de indefensión.

Desconocimiento a derechos fundamentales

Carimagua constituye un eslabón más en la cadena de desconocimientos de los derechos de los colombianos menos favorecidos en la que el ministro Arias es protagonista de primera línea, al igual que el Incoder, instituto cuyos ilícitos y corrupción en materia de asignación de tierra de desplazados a paramilitares en el pasado es suficientemente conocida. La Ley Forestal, recientemente declarada inconstitucional por no haber consultado a los indígenas y afrodescendientes, igualmente demuestra el desprecio del ministro Arias por la legislación cuando se trata de los derechos de minorías o de la población más vulnerable. Dicha ley igualmente significaba el favorecimiento de las multinacionales y el atropello del medio ambiente.
Estos últimos actos revelan un marcado contraste con el derroche de leyes creadoras de nuevos y sustanciales derechos a sectores privilegiados que ha caracterizado las funciones del ministro, y en las cuales los palmeros ocupan lugar destacado. Estos no sólo han recibido múltiples incentivos tributarios, facilidades crediticias, de cofinanciación y amplio apoyo institucional en los seis años de gobierno Uribe, sino que además el despojo de Carimagua a los desplazados vuelve a poner a los palmeros en el complejo escenario de sus relaciones con el paramilitarismo, que ha marcado la historia reciente de entregas irregulares de tierras y los desplazamientos de población asociados a la expansión de los agrocombustibles. Tan grandes esfuerzos sectoriales han hecho a Arias merecedor del título de ministro de la palmicultura dado por Vladdo.

Las razones esgrimidas por el gobierno en el caso Carimagua son un insulto a la inteligencia de los colombianos. Aducir, como lo ha hecho el ministro Arias que "no les vamos a entregar tierras malas a los desplazados" podría ser un mal chiste si no se tratase del incalificable despojo de tierras destinadas en el 2004 precisamente a la población más vulnerable y en mayor estado de desamparo en Colombia. Según estas revelaciones ministeriales, entonces la oportuna intervención del Procurador finalmente salvó a los pobres palmeros de ser engañados por el ministro Arias y el Incoder quienes pretendían asignarles tierras de tan mala calidad y sobre todo a los exorbitantes costos de ¡atención! $ 14.705 anuales por hectárea durante diez años, -equivalentes a siete bolsas de leche-, y de 117.674 pesos anuales por hectárea en los siguientes cuarenta años. ¡Se salvaron los palmeros!

Lamentablemente la cabeza de la cartera de agricultura se encuentra peligrosamente desinformada, por decir lo menos, pues la supuesta mala calidad de la tierra fue categóricamente desmentida por un grupo de expertos que no sólo estudió los suelos de Carimagua durante una década sino que desarrollaron muy diversos tipos de cultivos sin problema, (El Tiempo (14/2/08). El ministro no sólo está gravemente desinformado sobre la calidad del suelo; también desconoce la infraestructura de la zona. Como ha revelado el senador Jorge Enrique Robledo, "Arias, insiste en la falacia de que "el predio está muy alejado de cualquier casco urbano" (El Tiempo, Feb.10.08), refiriéndose a Puerto Gaitán y a Villavicencio. "Pero lo que silencia el ministro, es que la relación económica del predio no es con Puerto Gaitán ni con Villavicencio sino con Orocué, que queda apenas a 22 kilómetros en línea recta y que está conectado con Yopal por una carretera pavimentada en casi toda sus extensión y que posee un aeropuerto para aviones jet".

El presidente Uribe, igualmente "desinformado", considera que estas tierras dadas a los desplazados se volverían "rastrojo de pobreza e improductivos". Aparentemente el mismo temor lo ha asaltado frente al patrimonio público.

Carimagua constituye el último atropello por parte del gobierno Uribe contra los colombianos más débiles y desposeídos. Ninguna "Comisión de notables", creada bajo falaces argumentos gubernamentales, podrá avalar ante la sociedad colombiana esta incalificable expropiación.