absolutas. Lo dicen en estos términos: "Deberá transferirse a favor de los departamentos autónomos, competencias legislativas, ejecutivas, administrativas, de control, fiscalización y censura".

EXIGENCIAS DE LOS GRUPOS DE PODER

Ya es conocido el carácter del Comité Cívico pro Santa Cruz. Su dirección se forma con el voto de instituciones participantes, mayoritariamente empresariales. Desde su fundación ha representado los intereses retrógrados de una élite dominante en la ciudad de Santa Cruz, asumiendo además una representatividad departamental cuestionada por campesinos y pueblos originarios. Apoyó firmemente a las dictaduras militares y no cuestionó la implementación del modelo neoliberal; es cierto que, en ambos periodos, los empresarios fueron grandemente favorecidos.

A imitación de éste, se fueron formando comités en todos los departamentos. Sólo algunos lograron superar la restricción elitaria pero, en general, han seguido la misma pauta de acción que aquel.

El levantamiento popular de la ciudad El Alto, en octubre de 2003, puso en alerta a ese Comité que, ya en junio siguiente, propuso una "agenda" de reclamaciones para contrarrestar la firmeza de la exigencia popular orientada a la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos y la convocatoria a Asamblea Constituyente.

La debilidad del gobierno de Carlos Mesa permitió una convocatoria a elección de prefectos que, ya instalada en la coyuntura, se realizó juntamente con las elecciones generales de diciembre pasado.

Tal Comité, opuesto a la nueva ley de hidrocarburos, logró la adhesión de otros más interesados en manejar los beneficios obtenidos con la nueva ley de hidrocarburos, para provecho regional, con poco o ningún interés del país en su conjunto. Desde ese momento, comenzaron a actuar, abiertamente, en contra del programa de avance que plateaba la mayoría del pueblo.

En diciembre pasado, recibieron un duro golpe, cuando la mayoría absoluta votó a favor del MAS y proclamó Presidente de la República a Evo Morales Ayma. Varios esfuerzos hechos por el nuevo mandatario, para incorporarlos al proceso de reformas necesarias para Bolivia, fueron rechazados y respondidos con amenazas, provocaciones y actos de violencia.

CONTRA LA ASAMBLEA

Cuando, en julio pasado, el MAS obtuvo nuevamente mayoría absoluta en las elecciones para constituyentes, la disminuida oposición se preparó para poner obstáculos múltiples a su trabajo. Entendiendo que debía hacer todos los esfuerzos para incorporar a todos los bolivianos en el ambicioso proyecto de lograr el desarrollo nacional para vivir bien, el MAS se dispuso a dialogar las reglas del juego en la Asamblea. Cuatro meses después, aún se debate el reglamento que establezca las normas de funcionamiento interno.

Paralelamente, en el Congreso Nacional, implementaban argucias destinadas a evitar la promulgación de leyes de beneficio nacional.

Uniendo estas acciones con violencia en las calles, han llegado a amenazar con independizarse del país, iniciando el camino de la sedición. Oficialmente lo plantean así: "Que quede claro que, el clamor independentista, surge exclusivamente como reacción a una actitud radicalmente negativa del gobierno a respetar los resultados del referéndum por las autonomías en la Región Autonómica de Bolivia". Y para sellar su propósito, anuncian: "En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Gobierno la iniciación de los procesos de independencia".

INTIMIDACIÓN Y VIOLENCIA

Huelgas de hambre que han diversificado para aparentar el apoyo que no tienen, violencia callejera protagonizada por pandillas juveniles, campaña mediática y uso del rumor y la intimidación, están repitiendo las viejas mañas que utilizaron en varios países, cuando el pueblo logró vencerlos en las elecciones.

Sin embargo, aunque utilicen nuevas tretas, todo indica que están a contracorriente. Las posiciones conservadoras pierden terreno en todo el continente. Con grandes esfuerzos, han logrado mantener el gobierno de algunos países, pero sus pérdidas son muy superiores.

Esperan recibir la ayuda, como de hecho la reciben, de las grandes corporaciones transnacionales. Como en otras oportunidades y otros países, no dudarán en pasar de la intimidación a la imposición y de la violencia al crimen. Pueden hacerlo con mucha eficacia, pues cuentan con instructores, asesores y hasta operadores de la guerra sucia. Lo que no podrán lograr es convencer al pueblo de que están defendiendo la democracia.