EL TLC DEMÓCRATA

POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN

A cuenta gotas se empieza a conocer el contenido del acuerdo bipartidista en los EEUU respecto de la aprobación de los TLC con Colombia, Corea, Panamá y Perú. Todos deberán incorporar nuevas cláusulas laborales y ambientales acordes con los acuerdos internacionales, mientras que Colombia deberá, adicionalmente y como requisito previo a su trámite, mostrar resultados en los procesos judiciales de más de 400 sindicalistas asesinados solamente en los últimos dos años y garantizar que se concretarán responsabilidades individuales en el escándalo de la para-política. Algunos sectores de la oposición miran con buenos ojos la imposición demócrata al Gobierno de Bush pues consideran que le imprime una impronta social al texto del TLC que aceptó el Presidente Uribe. Incluso piensan que con esas modificaciones deja de ser lesivo para los intereses de los sectores más débiles de la sociedad colombiana. ¡Cómo están de equivocados! Los acuerdos bipartidistas en los Estados Unidos, como es de la sana lógica, atienden sus intereses estratégicos y no los nuestros. Veamos:

Los tres nuevos requisitos tienen un común denominador: la incapacidad del Estado colombiano para hacer cumplir su propia legalidad, algo nada extraño en un país que ya no tiene Ministerio del Trabajo ni de Justicia y en el que la compleja temática ambiental se supedita al Plan Colombia y a la construcción. Fuera de ser indicio de que estamos en el listado de estados fallidos del Departamento de Estado norteamericano, las disposiciones que ahora se introducirán al TLC colocarán las temáticas laboral, ambiental y de justicia fuera de la competencia de nuestros tribunales para ser debatidos por la justicia y los cuerpos colegiados de ese país.

En materia sindical, la legislación colombiana es más avanzada que la de los EEUU, país que no ha suscrito los acuerdos de la OIT. De ahí la discrecionalidad anunciada en la cláusula que permitirá a la contraparte determinar si las condiciones de trabajo y salarios de los exportadores colombianos son aceptables o no. Lo propio, respecto del cumplimiento de las directrices ambientales del único país que se niega a suscribir el Tratado de Kyoto pero que ha utilizado el incumplimiento de normas sobre los delfines para excluir del mercado norteamericano las exportaciones de pescado mejicanas. Y ¿qué decir de la impunidad reinante de las violencias acumuladas que están haciendo zozobrar el mismo tejido social?

Las nuevas exigencias de los Estados Unidos tienen que ver con la demostrada incapacidad del gobierno colombiano para imponer la vigencia del Estado de derecho en su propio territorio. Ello nos convierte en un riesgo potencial enorme para la política exterior de esa potencia en América Latina. El TLC se constituye, en esta coyuntura, en el instrumento propicio para exigir nuevas renuncias de soberanía con el objeto de someter a los poderes nacionales a penalidades económicas que los presionen a algo tan necesario como cumplir y hacer cumplir la ley. Este debate va mucho más allá del TLC Demócrata y no debemos permitirnos el dudoso lujo de evadirlo.