LA COMISIÓN DEL GASTO PÚBLICO

POR EDUARDO SARMIENTO PALACIO

A mediados de la semana se divulgaron las recomendaciones de la Comisión del Gasto Público. En términos generales se propone contraer el gasto público en $1.5 billones, vender las centrales eléctricas que quedan y bajar los aranceles de la carne, el pollo y el maíz. Aunque en los diarios no se dice cuál es el diagnóstico que llevó a recomendar esas medidas y cuál es el propósito concreto, cabe imaginar que el grupo fue convocado para sugerir fórmulas fiscales conducentes a bajar la inflación y detener la revaluación.

El Ministro de Hacienda y la Comisión parten de la premisa de que los desequilibrios de la economía se originan en el déficit fiscal y en el gasto público. Ciertamente, estos elementos tienen alguna influencia en ambas dolencias, pero no son la causa principal. La revaluación se acentuó hace dos años y las presiones inflacionarias sobre los bienes no transables se han observado en el último año, y en todo el período se redujo el déficit fiscal consolidado de la nación, que es el que cuenta para efectos económicos.

La explicación la he dado varias veces. La revaluación es el resultado de la confluencia de la abundancia de divisas ocasionada por la liquidez mundial y las privatizaciones, la modalidad de cambio flotante y la presencia de especuladores. Se configuró un casino en el cual se obtienen recursos al 4% en dólares en los mercados internacionales y se colocan internamente al 8% más la revaluación. Por ejemplo, no obstante que las acciones de la Bolsa han mantenido una relativa estabilidad con tendencia a la baja, en lo corrido del año su rentabilidad en dólares es de más de 30% anual. Mientras se mantengan estas condiciones, lo que se haga en materia interna será compensado por el monumental incentivo a traer capitales que ocasionan la revaluación e inducen las importaciones, y posteriormente crean la explosión de la demanda que permite adquirir las importaciones y presiona al alza los precios de los bienes no transables.

Lo anterior se ilustra con un simple ejercicio aritmético. De acuerdo con la identidad de las cuentas nacionales, el déficit en cuenta corriente es igual al déficit fiscal más el exceso de la inversión sobre el ahorro. Si el déficit fiscal fuera el responsable de la revaluación y del déficit en cuenta corriente, los dos faltantes tendrían magnitudes similares. Sin embargo, se estima que al final del año el déficit en cuenta corriente llegará a 4% del PIB y el déficit fiscal se mantendrá por debajo de 1% del PIB. La responsabilidad del déficit fiscal no es más de la cuarta parte; el grueso se explica por el exceso de inversión sobre el ahorro inducido por la especulación.

El recorte del gasto en $1.5 billones es muy poco lo que puede hacer para contrarrestar el panorama. No corresponde ni a la décima parte de los recursos que empleó el Banco de la República en los primeros cinco meses para adquirir los excesos de divisas y no logró detener la revaluación. De ninguna manera compensa la decisión del Banco de suspender la intervención cambiaria.

La recomendación más sorprendente es la privatización de las empresas eléctricas, como ISA e Isagén. La operación induciría mayores entradas de divisas, elevaría los rendimientos financieros internos al presionar los precios de la Bolsa e invitaría al Gobierno a aumentar el gasto. El problema que se origina es la abundancia de divisas, y el incentivo para traerlas curiosamente se convierte en la solución. Lo más grave es que se trata de un mal negocio para la nación. El país vendería empresas que están dando rendimientos de más de 30% en dólares para acumular reservas que rinden 3% o pagar deuda que cuesta 9%.

La baja de aranceles de los alimentos carece de cuantificación y le sobra tinte ideológico. En las condiciones actuales en que el peso se revalúa con respecto al dólar y se devalúa con respecto al bolívar, estimularía la triangulación para traer bienes agrícolas y colocarlos a altos precios en Venezuela. De nuevo, las presiones inflacionarias se resolverían abriendo focos especulativos y propiciando la entrada de bienes foráneos que desplazan la producción y el empleo.

Las recomendaciones fiscales no guardan relación con el monumental desajuste que genera la revaluación. En unos casos son modestas, en otras agravan la dolencia, y en conjunto su incidencia sobre el déficit fiscal no es más de medio punto porcentual del PIB. Aún más preocupante, mientras ingresen capitales que se contratan en el exterior a tasas ínfimas, los buenos oficios para contraer el déficit fiscal se neutralizarán con mayor gasto de inversión y consumo.

La Comisión está en el lugar equivocado. El problema se encuentra en la abundancia de divisas, la modalidad del cambio flotante y la presencia de especuladores, y la política fiscal no dispone de poderes para remediarlos. Las soluciones hay que buscarlas en los controles de capitales, el freno a las privatizaciones y la modificación del sistema cambiario.

El Espectador, Bogotá, 9 de junio de 2007