Se usa en los Estados Unidos la expresión de 'políticamente correcto' cuando se busca evitar tocar temas que molesten o generen polémica a su alrededor, y se prefiere pasar de agache con una mentira suave que no incomode a nadie. Voy a ser deliberadamente 'incorrecto'. Aclaro que considero que la marcha del 6 de Marzo debe ser tomada como un complemento de la del 4 de Febrero, y que lo que se expresó fue la solidaridad con las víctimas de todas las atrocidades vengan de donde vengan. Pero no comparto que se considere igual a los causantes de esas atrocidades, que se hable de la 'simetría' o de la 'universalidad' para no diferenciar la barbarie de las FARC y la de los paramilitares.

Aún si fuese solo un pretexto, las FARC declaran un propósito altruista, de cambiar el mundo para los excluidos, los explotados, y todos los calificativos que les dan, mientras los paramilitares nacieron de una razón expresamente centrada en la defensa contra la amenaza a sus personas, a su derecho de propiedad como terratenientes, o a su condición privilegiada en la sociedad actual. Los unos cometen sus desafueros por cuenta y a nombre de una ideología que ellos mismos defienden; en el paramilitarismo no se sabe que es peor si el que mata por la paga -el para raso- o el que paga por matar -quienes los mandan y los financian-.

Por otro lado los medios no son comparables: Las FARC han apelado al secuestro, un delito considerado incluso por algunos como más cruel que el homicidio mismo. Pero el descuartizamiento, la motosierra, las fosas comunes, son muestras de una barbarie, una crueldad y una sevicia que va más allá… Y a eso se adiciona que con el secuestro la guerrilla busca conseguir recursos económicos, pero no es un fin hacer daño, mientras el objetivo paramilitar de aterrorizar a la población civil indiscriminadamente para que le dé temor apoyar a la guerrilla -acabar con la teoría del pez en la pecera-, hace que a sus actos los haya caracterizado justamente lo salvaje, cruel y aterrador de ellos.

Tampoco son igualables los resultados: la guerrilla ha cometido miles de secuestros y atemorizado a quienes se sienten susceptibles de ser sus víctimas; pero el número de afectados por las masacres y los desplazamientos, y el dolor causado por los paramilitares es decenas o centenares de veces mayor. Y porque tampoco parece aceptable afirmar que el Estado no está involucrado ni es corresponsable de dicha barbarie, cuando es lo contrario: lo sería de todas maneras si no por acción sí sin duda por omisión; y es ese un agravante puesto que no es lo mismo el que un fuera de la ley ejerza un acto repudiable a que lo cometan las autoridades en quienes delegamos el derecho al uso de la violencia legítima para impedir justamente que la barbarie prevalezca sobre la ley y la justicia.

Y esto lleva a la cuestión de hasta dónde se pueden calificar de crímenes de Estado los que se cometen o se permite que se cometan porque supuestamente son una necesidad política. Estamos ante casos de generales, de autoridades civiles, de más del 30% del Congreso, de nombramientos de embajadores, de 'coincidencias' ideológicas y personales que no permiten aceptar la teoría que esto ha sucedido no solo sin la anuencia sino sin el respaldo de lo que genéricamente se llama el establecimiento; y un registro de 955 ejecuciones extrajudiciales bajo este gobierno (según informe ONU OEA); confesiones de comandantes paras reconociendo haber ordenado 200, 300, y hasta 1.200 muertes; el cálculo de la fiscalía de 13.000 homicidios con desaparición, enterrados en 3.000 fosas comunes; el área abandonada por la población desplazada de 2.6 millones de hectáreas, según la Contraloría en su estudio La política pública sobre desplazamiento forzado en Colombia: ¿sólo buenas intenciones?, de marzo de 2005; la cifra de desplazados que oscilaría entre los 2 y 4 millones, según el viceministro de Agricultura, Fernando Arbeláez, en el seminario sobre restitución de propiedades a población desplazada, de diciembre de 2007 (la peor tragedia del hemisferio occidental según la oficina de refugiados de la ONU); y ya más de 60 congresistas vinculados a procesos por parapolítica… y ante todo esto no más de diez condenas, y una ley de 'Justicia y Paz' que en la práctica no solo da impunidad a los victimarios sino no atiende para nada a las víctimas. Alegar que por no haber ente coordinador no se puede hablar de Crímenes de Estado es minimizar estos hechos asumiendo que son meras coincidencias y negar que detrás hay una coordinación tácita, en la medida que los actores saben que sus acciones están respaldadas por la aceptación que les dan los diferentes sectores dueños del poder dentro del 'establecimiento' (la que a su turno la venden al resto de la población); se puede hacer la diferenciación de que no eran responsabilidades del Estado sino de 'el establecimiento'. Pero esto solo hasta cuando la posible actitud pasiva (por omisión) se acabó y se volvió proyecto político y tuvo éxito en la toma del Estado, tanto a nivel de autoridades -alcaldías y gobernaciones- como de presupuestos -salud, educación-, y tanto a nivel local como nacional… Por eso leyes como las de Justicia y Paz o decisiones como la de preservarlos de la extradición, y por eso la exigencia de que una negociación con la guerrilla tendría que ser en condiciones más duras, cuando la naturaleza de los grupos irregulares obligaría a lo contrario.

Tampoco es aceptable la afirmación de que la guerrilla tiene la obligación de soltar unilateralmente los ciudadanos que tiene retenidos y que por eso respecto a ellos no emanan obligaciones del Estado. Si se liberan todos los civiles (como parecía ser la política de las FARC) quedan lo que ellas consideran prisioneros de guerra. Más que la discusión de si en efecto lo son, lo cierto es que fue en desarrollo de su función como militares y en ejercicio de esa condición que fueron capturados, por lo tanto la responsabilidad del Estado por la situación que están viviendo va más allá de si la guerrilla está compuesta por 'bandidos', de si son 'secuestrados', 'retenidos' o 'prisioneros de guerra', y la del presidente como representante del Estado es la de buscar su liberación en base a que fueron capturados como militares y deben ser recuperados como militares; es decir, como en todas las guerras -civiles o internacionales- mediante acuerdos humanitarios. No aplica la excusa de que no se reconoce una situación de conflicto armado o de beligerancia; la negativa de cumplir el DIH como compromiso ante los otros Estados y con la Humanidad no exime de la obligación que ante los servidores del Estado se tiene.

Por último, en vez de la reacción de 'apoyar al Presidente' como principio, y de aceptar que él se confunde con o representa a 'la Patria', deberíamos pensar si lo que a la Patria le conviene y lo que necesita es un mandatario que como gallo de pelea tiene una vocación guerrerista que, sin consideración sobre los posibles resultados ni sobre los costos que pueda implicar, encuentra en la confrontación la satisfacción a su temperamento y en la habilidad para la presentación de argumentos -sean ellos ciertos o no- la capacidad para encontrar el apoyo emocional -que no racional- de la población.