...::: VERDADES Y MENTIRAS :::...

Impunidad para, parte principal del libreto

Estaba previsto, la extradición a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares por parte del gobierno de Uribe no era más que una jugada para facilitar la impunidad de los delitos de lesa humanidad que estos criminales cometieron en Colombia. La prueba fehaciente es que Salvatore Mancuso notificó el pasado 21 de julio a la Corte del distrito federal de Columbia que lo procesa únicamente por narcotráfico que está negociando su pena con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero, además, esto hacía parte de la estrategia de los narcoparamilitares que en común acuerdo con el gobierno colombiano se acogieron a la mal llamada Ley de Justicia y Paz. Lograr la impunidad de sus múltiples crímenes ha sido el objetivo de las autodefensas, pues así queda establecido de lo que se ha denominado el "testamento" de Carlos Castaño, una serie de documentos recogidos en una memoria electrónica que fue entregada en días pasados a la Fiscalía por el paramilitar Éver Veloza, alias "HH". Según se ha podido establecer, desde comienzos de 2002, Castaño había realizado contactos con Estados Unidos a través de su abogado Joaquín Pérez para entregarse siempre que pudiera negociar con las aurtoridades judiciales de ese país. Al tiempo que hacían contactos con la justicia norteamericana, los paramilitares montaban la "Operación Avispa" (partida de nacimiento de lo que hoy se conoce como parapolítica) en casi todas las regiones del país para llevar al Congreso de la República a dirigentes que fueran sus voceros para allanar el camino de una negociación tanto con el gobierno colombiano como estadounidense para que sus delitos de lesa humanidad quedarán impunes. Los otros jefes paramilitares extraditados también lograrán negociar con las autoridades norteamericanas y terminarán pagando penas ínfimas como ya lo está logrando Mancuso. Todo esto no es más que una burla para millares de víctimas del paramilitarismo.

Se hunde Partido de la U

Como consecuencia de la detención por estar inmerso en la parapolítica del senador tolimense, Carlos García Orjuela, director del partido de la U, el cual fue impulsado y fundado por el propio presidente Álvaro Uribe Vélez para lograr su reelección, a través de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, hoy integrantes de su gabinete, esa colectividad queda hundida en el descrédito total y en una crisis de orden ética y moral, al tiempo que constituye un golpe muy sensible para el gobierno, habida cuenta que este congresista es uno de los alfiles principales de la bancada uribista. Con García Orjuela son seis ex presidentes del Senado de la República vinculados con el narcoparamilitarismo: Mario Uribe Escobar, Humberto Gómez Gallo, Miguel Pinedo Vidal, Dilian Francisca Toro y Nancy Patricia Gutiérrez. Todos ellos con estrechos vínculos políticos y de amistad con el primer mandatario.

Actitud cínica, prepotente y provocadora

El ministro colombiano Juan Manuel Santos, en desarrollo de su reciente gira por Washington, dijo que en la Operación Jaque participó un militar que actuaba como "un camarógrafo de TeleSUR". El logo del este canal internacional de televisión se utilizó en el chaleco del supuesto camarógrafo y en el cubo del micrófono del supuesto periodista. Santos, en una actitud displicente, cínica y provocadora, agregó que se trata de "un detalle insignificante frente a la magnitud de los resultados". Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), manifestó "que dicha suplantación también implica un desconocimiento de la condición de civil que ostentan los periodistas en desarrollo de conflictos armados" y viola el Derecho Internacional Humanitario.
Clara López en Foro de Seguridad en Barcelona

La Secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, participó en el II Foro Internacional de Seguridad Ciudadana, Violencia y Políticas Públicas en el Ámbito Local, que se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona en la tercera semana de julio, en representación del alcalde de la capital, Samuel Moreno Rojas. La funcionaria explicó en el evento internacional que Bogotá está implementando un sistema de información que permite localizar en qué zonas ocurren los delitos, para que las autoridades puedan realizar en forma oportuna las intervenciones y pesquisas y, de esta manera, lograr la recuperación social de los sectores afectados.

Clopatofsky despistado

En círculos jurídicos y en algunas ONG de derechos humanos ha causado sorpresa y hasta ha sido objeto de chiste el anuncio del senador uribista Jairo Clopatofsky, en el sentido de que va a denunciar ante la Corte Penal Internacional a los presidentes tanto de Venezuela como de Ecuador, Hugo Chávez y Rafael Correa, respectivamente, por presuntos nexos con las FARC. Parece que a Clopatofsky, que pertenece a la Comisión Segunda del Senado de asuntos internacionales y defensa nacional, sus asesores no le han explicado bien los alcances que tiene este tribunal internacional, pues según el Tratado de Roma que lo creó y que entró en vigencia en julio de 2002, este organismo judicial es competente solo para conocer de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crimen de agresión, conductas en las que muy difícilmente puedan estar incursos los mandatarios Chávez y Correa. A no ser que Clopatosky tenga pruebas contundentes.

Gasto militar insostenible

Bajo el título las "Consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto", aparecido en la edición No. 322 de la revista de la Contraloría General de la República, los investigadores José Fernando Isaza y Diógenes Campos concluyen que el gasto militar en Colombia es prácticamente insostenible, pues el país está destinando alrededor del 6.5 de su producto interno bruto a la guerra. Ni Estados Unidos que debe atender la invasión a Irak gasta ese rubro, ya que destina el 4% y la Unión Europea en conjunto invierte el 2%. Pero lo paradójico del caso colombiano, dicen estos dos académicos, es que a medida que disminuyen los grupos armados irregulares aumenta el pie de fuerza. Las cifras hablan por si solas: en el periodo 2002-07 un total de 160 mil soldados combatían 20.600 guerrilleros entre FARC y ELN y 12.175 paramilitares. Esto equivale a 4.9 soldados por cada combatiente irregular. Al comenzar 2008, desmovilizadas las autodefensas y reducida la guerrilla según la versión del gobierno, por cada guerrillero hay 15.5 soldados. La teoría de guerra de guerrillas "considera apropiado 10 regulares por cada irregular".